SGAE: NUEVOS TIEMPOS, VIEJOS PROBLEMAS

Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) Palacio de Longoria, una joya de la arquitectura modernista de Madrid (1902-1904) Arquitecto, José Grases Riera.

Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) Palacio de Longoria, una joya de la arquitectura modernista de Madrid (1902-1904) Arquitecto, José Grases Riera.

La SGAE (Sociedad General de Autores y Editores) es una entidad donde se pueden ver reflejados, de un modo sorprendentemente claro, los males que aquejan nuestro país. Sin ánimo de ser exhaustivo, hagamos un breve repaso de sus “logros” más recientes, antes de pasar a exponer cuáles son los problemas de fondo que sacuden a la entidad. Y lo haremos bajo la premisa de que los males que aquejan a la SGAE son intrínsecamente los mismos que observamos en otros ámbitos de la vida pública española. Se podría decir, a modo de resumen, que la enfermedad es la falta de democracia interna en la entidad, motivada por una engañosa y falaz representación de los socios, y una carencia grave de control del poder (es decir, de la Junta Directiva por parte de los socios), que actúa sin rendir cuentas ante nadie.

En junio de 2017, la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) protagonizaba el episodio más dramático de lo que se dio a conocer, por parte de los medios de comunicación, como “La Rueda”.  La mencionada UDEV, perteneciente a la Policía Nacional, entraba en la sede central de la SGAE de Madrid, donde se producirían 18 detenciones y la incautación de numeroso material, en una operación dirigida por el Juzgado nº2 de Madrid. Este caso, que nunca fue explicado adecuadamente a la opinión pública, no era más que una cortina de humo que escondía una lucha feroz, en el seno de la entidad, por los repartos de las ganancias obtenidas por los derechos de autor en TV, correspondientes con las franjas horarias más rentables (prime time).

En noviembre de 2018 se aprobaba en el Parlamento español una reforma de la Ley de Propiedad Intelectual que, entre otras cosas, limitaba por ley los beneficios generados en la franja nocturna… lo que beneficiaba enormemente a quienes manejan las franjas televisivas más rentables -o prime time-. Era una medida que afectaba, de un modo especialmente negativo, a los artistas más modestos, es decir, aquellos que por falta de apoyo no tienen acceso a las franjas horarias de TV más “jugosas” ya que no tienen a una multinacional promoviendo sus carreras artísticas. Curiosamente, esta reforma salía adelante gracias al respaldo decidido de los partidos de izquierdas (con mención destacada para PODEMOS, que en este caso jugó a ser más papista que el Papa) que se apresuraron en afirmar que habían “pinchado la rueda” y que estaban contribuyendo a “mejorar la transparencia de las entidades de gestión de derechos de autor”. Sin embargo, la realidad era bien distinta: al no comprender lo que estaban votando, le hicieron (supuestamente sin saberlo) un “favor” a las editoriales multinacionales (todas ellas extranjeras), al regalarles un mercado cautivo (el prime time de las TV) a cambio de nada. Y todo ello sin la molesta obligación de tener que compensar a los artistas nacionales de algún modo, con -por ejemplo- cuotas de pantalla obligatorias para la producción autóctona, como sucedo sin ir más lejos en Francia.

Este cambio en la legislación obligaba a la entidad de gestión patria, a su vez, a unos cambios en sus estatutos, para adaptarse al nuevo marco normativo. Esto tenía que haber sucedido en la Asamblea General Extraordinaria celebrada en diciembre de 2018… pero a pesar de que el 58% de los votos fueron a favor, los cambios no fueron aprobados ya que para ello era necesaria una mayoría cualificada de dos tercios. Ese mismo día, la cabeza visible de los editores en la entidad (Clifton J. Williams) sometía al presidente de la entidad (el gaitero José Ángel Hevia) a una moción de censura, que prosperaba con 22 votos a favor y 12 en contra. En su lugar, llegaba al cargo una nueva presidente, doña Pilar Jurado,  con un nombramiento que pretendía evitar que la entidad fuese intervenida por el Gobierno.

El 27 de febrero de 2019, el Gobierno solicitaba a la Audiencia Nacional la intervención de la SGAE, después de que numerosas voces lo reclamasen públicamente y de varios ultimátum por parte del Ministerio de Cultura. Sin embargo -y para añadir todavía más incertidumbre a la situación- la propia Audiencia Nacional desautorizaba dicha intervención (en junio de este mismo año 2019) denegando al Gobierno “la autorización de remoción de los órganos de representación” de la entidad de gestión.

Un poco antes, en mayo de 2019, la SGAE era expulsada por un año de la CISAC (la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores, compuesta por 239 entidades de 122 países) tras una reunión celebrada en Tokio… un hecho provocado por “las numerosas denuncias que son motivo de preocupación en relación con las actividades de la entidad”. En un comunicado hecho público, la CISAC apuntaba a que la razón de la expulsión era la no aprobación, por parte de la Asamblea General, de los cambios estatutarios requeridos, a pesar de “las recientes reformas puestas en marcha por la nueva presidente”.

Y por último, el pasado mes de junio de 2019 se hacía el último intento de modificación de los estatutos de la SGAE  para adaptarlos a los tiempos que corren, y para que estos fueran compatibles con la legislación vigente… intento que fracasaría de nuevo. Como en veces pasadas, la Asamblea General no conseguía una mayoría cualificada para ello, motivo por el cuál la propuesta era rechazada una vez más. Esto fue interpretado, en algunos ámbitos, como un pulso por parte de la entidad con el Ministerio de Cultura.

¡No está nada mal! La verdad es que la espiral autodestructiva en la que se encuentra la SGAE le recuerda, a quien les escribe, a Nicolas Cage en Leaving Las Vegas… aunque pensándolo bien, el actor norteamericano ganó un óscar por su actuación en la mencionada película, y en la SGAE las únicas nominaciones han sido a candidatos para entrar en la cárcel. Sin embargo, y a pesar de todo lo expuesto hasta aquí, el grado de descomposición de los dos últimos años necesita una explicación que vaya más allá de una buena o mala gestión, de las intenciones de cada uno, o al grado de cualificación de los miembros de su Junta Directiva.

Para quien les escribe, problema de fondo de todo lo que se ha ido describiendo a lo largo del presente artículo es de tipo estructural: es la falta de democracia interna en la entidad y de sistemas de control. ¿Por qué nadie dice que la SGAE es de iure una ONG, pero de facto funciona como una sociedad mercantil, donde la participación de los distintos socios en su vida interna depende de la facturación obtenida? Por ese motivo, hay “socios con derecho a voto” y “socios sin derecho a voto”, y así se puede leer en cada convocatoria de cada asamblea, sin que ello produzca sonrojo. Una Asamblea General de la SGAE en la que no tienen derecho a participar todos los socios de la entidad -por el motivo que sea- no es ni puede ser democrática, y es contraria a lo dispuesto en la Ley de Asociaciones.

¿Sabía usted que los socios de la SGAE no pueden votar al presidente de la entidad, siendo este elegido sólo por los integrantes de la Junta Directiva, y no por el conjunto de asociados en la entidad? Es decir, cuando hay elecciones, en éstas no se vota a un presidente sino que se vota la composición de una Junta Directiva que, sin rendir cuentas ante nadie, elige o depone  -a posteriori- a los presidentes de la entidad, cuya lealtad es para con la mencionada Junta Directiva y no para con los Socios. Como habrá usted deducido, de ahí a la corrupción institucional hay un paso, independientemente de la buena voluntad que pongan unos u otros.

En consecuencia, el resultado de todo esto no puede ser otro que el que es… y conduce irremediablemente a un declinar mortecino y triste: nuevos tiempos… pero viejos problemas.