Una Constitución viva, una Constitución como proceso

El objetivo de esta serie de artículos es, en primer lugar, reconocer como sistema preeminente la teoría jurídica de Antonio García-Trevijano en su fórmula constitucional de control institucional del poder político por parte de la sociedad civil. Para ello, si bien un análisis epistemológico se ve influido por la teoría general del Estado, indisociable del estudio político, filosófico, antropológico y lingüístico (en cuanto que nos facilita el entendimiento de algunas variaciones del lenguaje), en última instancia, una aproximación ontológica al Derecho Constitucional establece unas reglas estructurales que fundamentan en el plano legal, de la más depurada metafísica a una formalidad científica e irreductible, a dicho sistema y al propio demos como un todo unitario y dinámico en cuanto que consecuencia del origen objetivo constitucional. En otras palabras, buscaremos aprehender, por un lado, una Constitución en cuanto que unidad jurídica (positivismo del deber ser) y por otro, y más importante, el cómo se deduce esta normatividad, de qué principio o principios emana y con qué fin se emprende la legítima acción constituyente (la razón justa del ser). Así, el sistema queda cerrado al tiempo que vivo. En definitiva, de este trabajo se desprende un marcado y a todas luces necesario perfil analítico al respecto del decurso político, y mediático, y su impacto en el paradigma, pero también una visión esperanzadora a tenor de las depuradas herramientas formales que el mastodóntico pensador granadino puso a nuestra disposición.

    Segundo, el logos que conforma esta serie de trabajos nace de tres preceptos elementales. Así, la separación y equilibrio de poderes[1] y la representación política del elector[2] resultan imperativos para definir la democracia representativa, ya que en calidad de limitadores formales del poder político resultan substantivos para la existencia de aquélla. Por su parte, la libertad política colectiva[3], nodo fundante de este sistema constitucional, además de conformar la acción constituyente, deberá tener su salvaguardia garantizada por su cualidad de fundamento prístino de(en) la propia Constitución, esto es, como principio y consecuencia de la existencia política libre del demos.

    Tercero y último, este trabajo no pretende convertirse en otra revisión inane o sucesión de disertaciones monográficas sin una proyección práctica. Constatar, empero, la naturaleza ubicua de las distorsiones retóricas, jurídicas y filosóficas latentes en los regímenes políticos contemporáneos, si quiera sea a partir de la Revolución Francesa; así como denunciar el ardid ideológico que subyace en entelequias tales, verbigracia, que la soberanía de la voluntad nacional/popular (Artículo 1 párrafo 2º de la Constitución Española de 1978-Contrato Social, 1762, Jean-Jacques Rousseau), serán, por todo lo expuesto, pautas necesarias para evitar caer en la ambigüedad argumental y mantener una exposición de preceptos sólida y funcional. Con todo, estudiando estas distorsiones el análisis de la retórica mediático-institucional cobrará su relevancia, pues mi finalidad, tanto en esta pieza como en ulteriores, no debe ser interpretada tanto como un trabajo holístico de derecho constitucional, filosofía política o filosofía del lenguaje, sino que más bien encuentra un equilibrio analítico entre las tres disciplinas, conjugando el estado presente de las cosas con aquel que, a mi juicio, está por venir.

    Finalmente, permítame el lector que cierre esta breve presentación de motivos con una nota de precaución metodológica: El hecho de llegar a criticar en determinados pasajes las posiciones doctrinales de, inter alia, Kelsen, Rousseau o Leibholz, no significa que se esté invalidando toda aproximación intelectual hecha por los mismos al respecto de la temática que aquí se trata. Primero porque sería taimado por mi parte tratar de opacar la brillante naturaleza fictiva de Rousseau, la crudeza de Leibholz o la no siempre innecesaria pulsión normativizadora de Kelsen. Y segundo porque tal vez sin determinados errores no seríamos capaces de apreciar en su justa medida la distópica precisión legal inherente a la obra de un Montesquieu o un García-Trevijano.

    Consecuentemente, dado que la figura del antagonismo resulta útil por su claridad a la hora de visibilizar pensamientos complejos, más si cabe en una era de desinformación masiva, le pido al lector que entienda el proyecto imaginado como el de una Constitución viva, como un proceso político armonizador, en contraposición a la carta otorgada de 1978 que nada constituye aparte de una oligarquía estatal de partidos políticos (i.e., partitocracia). Así, donde una es débil la otra será fuerte, donde una nace y muere en el Estado de Partidos, la otra nacerá y se dinamizará a partir del demos, que la dotará de una legitimidad unívoca y permanente, fundamentando la legalidad presente y futura para tranquilidad de los gobernados.


[1] En referencia a la separación de poderes, estipula el Artículo XVI de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente Francesa, el 26 de agosto de 1789, que: “Una sociedad en la que la garantía de los derechos no está asegurada, ni la separación de poderes determinada, no tiene Constitución”. El mundo judicial deberá mantenerse independiente por no ser un poder político en puridad.

[2] Se requiere para la efectiva existencia de representación del elector que recupere el “mandato imperativo” además de otras garantías electorales (Mónada Republicana [García-Trevijano, 2014, Teoría Pura de la República Constituciona]).

[3] Por ser el más alto valor al que puede y debe aspirar una sociedad civilizada, se estima que la Constitución no deberá ser sino la garantía institucional de la libertad política colectiva.

Somos servidores de la ley, a fin de poder ser libres.
— Cicerón, Marco Tulio. En defensa de Aulo Cluencio.