ÉTICA Y POLÍTICA III

"Carlos III comiendo ante su corte" (Hacia 1775) Paret y Alcázar, Luis (1746-1799) Procedencia: Lionel Harris, Londres, 1933; adquisición, 1933. Museo Nacional del Prado. Madrid.

"Carlos III comiendo ante su corte" (Hacia 1775) Paret y Alcázar, Luis (1746-1799) Procedencia: Lionel Harris, Londres, 1933; adquisición, 1933. Museo Nacional del Prado. Madrid.

                                     

         En artículos anteriores he tratado de presentar el fracaso del régimen político español a la luz de su inmoralidad constitutiva. La torpeza y la desvergüenza, así en el modo de gobernar como en el comportamiento de todos los agentes del sistema, son consecuencias casi inevitables de dicha lacra original.

         Quizás cabría añadir que esta forma inmoral de gobernar no es nueva en España, sino inveterada, producto de las deficiencias y anomalías políticas de nuestro país, donde todo lo que podía haberla dignificado desde la sociedad, ha fracasado: el humanismo, el espíritu ilustrado, el liberalismo, el conservadurismo, la democracia, la monarquía, la república, el laicismo y los valores cívicos, la religión, la ciencia, la cultura e incluso los medios de comunicación.

         Para una mente atenta al campo de lo ético no puede pasar inadvertido el interminable desfile de despropósitos de la clase dirigente, su desatinada conducta, convertida ya en viciosa costumbre.

         Uno de los disparates más grandes, santificado por una aviesa interpretación de la Constitución vigente es la llamada inviolabilidad de la persona del rey, que lo declara irresponsable y, por tanto, impune ante cualquier tipo de delito. Esta cláusula injusta e indecorosa consagra oficialmente la desigualdad ante la ley de los españoles al impedir que el Jefe del Estado responda ante la justicia.

         La extensión en la práctica de dicho privilegio de forma descarada a la familia del monarca, constituye otra escandalosa inmoralidad. Los privilegios judiciales constituyen un derecho a hacer el mal impunemente.

         Hemos de recordar aquí que la ejemplaridad es una obligación de todos los gobernantes, más aún del Jefe del Estado,  el rey en España, como también lo es de todos los miembros de la Casa Real que cobran del presupuesto. Cualquier comportamiento de estas personas que atente contra el decoro en su vida pública y privada, sobre todo si es reiterado, es sencillamente inadmisible. ¡Cuánto más si de lo que hablamos es de delitos! La compostura y la decencia de las costumbres deben ser cualidades de las personas revestidas de autoridad.

         Otro tanto puede decirse de ese expediente inicuo que es el aforamiento de diputados, senadores y miembros del gobierno, privilegio indigno de la justicia que ha de ser igual, para todos.

         La base de la justicia consiste precisamente en que los hombres más notables y poderosos no gocen de ningún privilegio judicial. De lo contrario la vida pública se convierte en una pocilga, tal como ocurre en España. Las leyes más severas y toda la dureza de la justicia han de recaer sobre los gobernantes corrompidos.

         Por otra parte, en un Estado digno, no puede haber privilegios, exenciones o prerrogativas económicas y fiscales para nadie, sean miembros de la clase política o financiera, particulares o sociedades patrimoniales constituidas con el fin de evitar los tributos, tampoco para  territorios o comunidades autónomas. Me refiero naturalmente a todo tipo de amnistías fiscales, las sicav, los cupos o regímenes fiscales particulares y otras prácticas tributarias indecorosas. También me refiero a los múltiples gajes, prebendas o bicocas, como tarjetas de crédito, viajes, coches oficiales, guardaespaldas, personal innecesario al servicio de miembros de los partidos políticos, sindicatos y cargos públicos, la compatibilidad de varios cargos públicos, etc., etc.

         El despilfarro y el fasto inútil de la clase política a costa de la ruina Estado y de una sociedad empobrecida, redobla el carácter obsceno, despótico y poco ilustrado del Estado del 78.

         Otra inmoralidad que no podemos olvidar es el endeudamiento desmesurado del Estado, que se convierte en rehén de los bancos, cuya función queda desvirtuada, al tiempo que se elevan los impuestos que sufren principalmente las clases medias.

         Una inmoralidad añadida, practicada por los gobierno de cualquier signo, consiste en subir de manera abusiva los impuestos y para colmo injustamente, más a unos para regalárselo a otros. No se puede ser generoso con el dinero público como creía el presidente Rajoy, esto es una inmoralidad cuando no un delito, pues la generosidad con el dinero es únicamente una virtud de particulares que pueden disponer libremente de lo que es suyo, no de gobernantes que administran dinero de todos.