ÉTICA Y POLÍTICA II

"Los poetas contemporáneos. Una lectura de Zorrilla en el estudio del pintor" (1846) Óleo sobre lienzo, 1846. Antonio María Esquivel y Suárez de Urbina (1806-1857). Pieza capital del Romanticismo español. Museo del Prado.

"Los poetas contemporáneos. Una lectura de Zorrilla en el estudio del pintor" (1846) Óleo sobre lienzo, 1846. Antonio María Esquivel y Suárez de Urbina (1806-1857). Pieza capital del Romanticismo español. Museo del Prado.

         Al tema del «gobierno ético», dedicó un libro señero el filósofo ilustrado Paul Heinrich Dietrich (Paul-Henri Thiry en francés), más conocido como Barón D’Holbach, titulado Etocracia, que vio la luz en Ámsterdam en 1776. Esta obra constituye un proyecto muy acabado de unión entre la moral y la política al que remitimos al lector interesado en el tema.

         Es fácil destruir una nación y un Estado –decía Holbach–, solo hay que ponerlos en manos de una clase política corrompida y corruptora sin freno o control que la detenga. Sin embargo, es mucho más difícil reconstruirlos o regenerarlos. Hace falta un conjunto amplio de ciudadanos firmes, valerosos y perseverantes, interesados por el bien público y animados por el deseo de disfrutar de una vida política limpia, que lleve a cabo dicha tarea.

         La buena o la mala fortuna—opinaba Thiry—de las naciones depende de quienes las gobiernan. Fortuna, azar o fatalidad en política, significa prudencia o imprudencia, experiencia o incapacidad, virtud o vicios de la clase gobernante.

         Es un hecho bien conocido que las buenas costumbres y las leyes se forman recíprocamente. Son las leyes las que determinan las costumbres de los pueblos, tanto las leyes ordinarias como las leyes constitucionales del Estado.

         Y aquí nos topamos de cara con el primero de los problemas políticos españoles, la evidencia de la inmoralidad de muchas de sus leyes que han sido elaboradas por una clase política nutrida casi exclusivamente de personajes de bajísimo nivel ético e intelectual, al amparo de la inmoralidad consagrada y desarrollada constitucionalmente en ese texto abominable elevado a ley de leyes en 1978.

         ¿Y cómo es posible que una gran mayoría de los ciudadanos haya aceptado de buen grado o incluso considere como el mejor—o el menos malo de los posibles—el régimen político nacido de la llamada Transición?

         Únicamente la proverbial ignorancia de los principios de la moral pública tanto por la clase gobernante como por los propios ciudadanos puede explicarlo.

         Un principio básico aconseja que la Constitución del Estado debe establecer las normas y los procedimientos justos que permitan el acceso de los ciudadanos más íntegros y preparados, en igualdad de condiciones, a las tareas de representación y de gobierno.

         Por ello, y para empezar, todo régimen democrático que se precie de serlo debe disponer de un procedimiento o sistema electoral que promueva la meritocracia y el liderazgo político, tanto entre los representantes como entre los gobernantes.

         La legislación acerca de los partidos políticos y del modo como se  financian, al ser aquellos la pieza central de los sistemas representativos y democráticos actuales, es particularmente importante.  

         Puede afirmarse que el sistema electoral de listas cerradas y bloqueadas, junto el incumplimiento de la exigencia constitucional de democracia interna dentro de los partidos políticos y su esperpéntica financiación, conforman el sustrato de un sistema político inmoral, consagrado por la Constitución del 78. Un texto llamado pomposamente Carta Magna que ha demostrado ser, desde el punto de vista constitucional, papel mojado, cuya única virtud parece ser la de proporcionar base legal para cometer todo tipo de despropósitos, como trataremos de mostrar en sucesivos artículos.