EL FRACASO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. LA REPRESENTACIÓN VIII.

            

El General George Washington renuncia a su Comisión (1824) John Trumbull (1756-1843) Estados Unidos, rotonda del Capitolio Washington.

El General George Washington renuncia a su Comisión (1824) John Trumbull (1756-1843) Estados Unidos, rotonda del Capitolio Washington.

        A estas alturas del largo y frustrado proceso de transición democrática española, iniciado al término de la dictadura, la conclusión más obvia, que se impone a cualquier entendimiento ordinario, es que el sistema de gobierno de los partidos políticos ha fracasado. El régimen de monopolio en el que han operado los hace responsables de la actual situación de ruina y desgobierno en que se hallan el Estado y la nación.

        Entre nosotros Ramón Alegre Espert ha estudiado con detalle el actual sistema de poder vigente en España, conocido como Estado de partidos o partitocracia, una versión degradada o un subproducto de la democracia representativa, que se consagró políticamente con la Constitución de 1978. Por su parte, Miguel Pérez-Moneo en su libro La selección de candidatos electorales en los partidos se ha ocupado pormenorizadamente de los vicios del sistema de partidos vigente en nuestro país.

        En el Estado de partidos, la concesión de prohibitivas subvenciones e injustificables privilegios a dichas organizaciones políticas y la implantación constitucional de un sistema electoral de listas cerradas y bloqueadas, elaboradas por sus cúpulas dirigentes, determina que todos los órganos representativos y ejecutivos, incluidos los que gobiernan y administran la justicia, estén en manos de los partidos, los cuales monopolizan la vida política.

        La representación verdadera, propia de la democracia representativa, queda así reducida a la representatividad y al prestigio que podrían otorgar a estos el hecho de disponer de procedimientos de democracia interna, al faltar un marco constitucional democrático propiamente dicho.

        Para colmo, la ausencia de dichos procedimientos democráticos dentro de los partidos, tanto para la selección de candidatos electorales como para la elección de los cargos burocráticos, faltando al ordenamiento constitucional que así lo exige, completa el panorama. La escasa regulación legal proporcionada por la Ley de Partidos y la Ley electoral y la nula tutela del Poder Judicial en este asunto permite el incumplimiento de dicha exigencia de democracia interna y convierte a los partidos en instituciones oligárquicas.

        Tampoco se le escapa al ciudadano común, mínimamente informado, que el sistema de poder basado en el monopolio de la representación y del gobierno de los partidos, se apoya de modo uniforme y constante en la corrupción económica.

        Los partidos políticos han ido perdiendo, incluso, el prestigio necesario para ejercer la representación meramente dramática o simbólica exigida para que los ciudadanos se sientan partícipes de la vida política. Cada día son menos las personas que consideran que los partidos políticos las representan de ninguna forma.

        Creo que es justo afirmar que hoy, en España, los partidos políticos son incapaces, además, de asegurar la gobernación del Estado y la unidad de la nación.

        Si los partidos políticos no saben gobernar en régimen de monopolio, será necesario modificar no solo el marco constitucional que los ampara, sino también la legislación que regula su funcionamiento, de acuerdo con los principios de la democracia representativa.