Claves de la Transición VII

El Rey del Estado: El Gobierno de Arias, de noviembre de 1975 a julio de 1976. (II)

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En los últimos meses (del Gobierno de Arias) Torcuato Fernández Miranda dará pasos significativos en esa conquista del aparato estatal de cara a alumbrar la Ley para la Reforma Política. La principal medida que toma tiene que ver con el proceso de elaboración de “procedimientos de urgencia”, un mecanismo que le permite evitar el control de la Comisión de Leyes Fundamentales. Ésta era una institución dominada férreamente por sectores inmovilistas, por lo que así se podrían presentar directamente ante las Cortes proyectos que pudieran devenir en un posterior desmantelamiento del Régimen. Ver [1].

Pero dicho proyecto no sería viable sin la dimisión del honesto Arias, sólo posible por la decisión de éste ya que aún le faltaba la mitad de su mandato por cumplir apoyado por las Leyes Fundamentales. El Rey nada podía hacer de momento en ese aspecto, estando firmemente dominado por el Consejo del Reino como consecuencia de la LOE que le precedió en 1967. No obstante, Arias aceptó la voluntad de monarca y dimitió tras haber fracasado rotundamente su política modernizadora y adquirido un notable desprestigio (incluso fue criticado con dureza por el Rey en importantes medios de comunicación internacionales).

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Estos primeros movimientos cimentaron sólidamente la posterior derrota de los inmovilistas y su capacidad obstruccionista, quedando en prácticamente en la impotencia aquellos que mantenían como referente legitimador los principios del 18 de Julio (los orígenes del Estado de Franco y el Movimiento Nacional, el partido único estatal del Régimen).

Aunque aún no se había logrado el control necesario del aparato estatal, la caída del Gobierno de Arias sirvió al Rey para acumular un mayor capital político para su reforma frente la ruptura. Esto resultó especialmente útil en un contexto muy inestable, con muertos en protestas obreras de Vitoria y asesinatos entre facciones carlistas en Montejurra (que hicieron desparecer políticamente al carlismo).

Por otra parte, a pesar de la extraordinaria presión existente debido a atentados terroristas, huelgas y manifestaciones de todo tipo, el aparato del Estado fue capaz de resistir el empuje. La crisis de legitimidad de la sucesión empezó a remitir en gran medida gracias al apoyo internacional, del grueso de la prensa hegemónica y de Iglesia Católica española liderada por el Cardenal Tarancón, que acercan posturas con el Régimen y comienzan a apoyar al Rey por su firme compromiso de cambio democrático. Para ese apoyo de la Iglesia el Rey accedió a satisfacer viejas reclamaciones tradicionalmente negadas por Franco, siendo clave su apoyo para la legitimidad ante las clases populares.

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La monarquía de Juan Carlos consiguió perfilarse públicamente como una alternativa política realista y viable, como un factor de estabilidad a la vez que instrumento para el cambio necesario que buena parte de los españoles exigían. La tendencia del ejército y el búnker (y de los demás elementos continuistas del régimen) fue la de mantener una actitud no intervencionista por la fidelidad al monarca, pero por lo general su descontento se mantuvo siempre público y notorio.

Para la oposición antifranquista, sobre todo la Junta Democrática de España y la Plataforma de Convergencia Democrática seguidos del Consell de Forces Polítiques de Catalunya, esta primera etapa supuso tanto el inicial máximo apogeo de su liderazgo opositor como la posterior pérdida de la iniciativa política al evitar el enfrentamiento con Juan Carlos I. Ver [2]. La monarquía lo logró tanteando en privado a los principales grupos opositores para tratar de acordar las condiciones de un pacto, y como destacó Carrillo en 1983 el Rey se erigió como punto de equilibrio entre las fuerzas reformistas, que aspiraban a participar en el poder estatal, y los fuerzas franquistas, que querían tratar de conservarlo. Ver [3].

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Es importante tomar como ejemplo de ello el anteproyecto de acuerdo político alcanzado entre el Consell y el Gobierno Civil de Barcelona, durante los últimos meses de Arias: apoyo firme al Rey y a la institución monárquica que representa; modificación del Código Penal, del derecho de reunión y del de asociaciones políticas; amnistía política; establecimiento de un modelo territorial compatible con las aspiraciones regionalistas; referéndum para la reforma constitucional; acuerdo sobre la ley electoral; nuevas Cortes con facultades constituyentes y la cuestión de la legalización de PCE; libertad sindical y derecho de huelga; y acuerdo entre patronales y sindicatos para afrontar la crisis económica. Ver [4].

Si bien el texto no prosperó en ese momento, al fracasar ulteriormente el Gobierno de Arias, a toro pasado resulta evidente que la mayoría de las cuestiones anticipan claramente las líneas que se seguirán en los siguientes años. Se fueron dando así los primeros pasos del abandono de la tesis de la ruptura democrática en favor de un pacto con el ala reformista para establecer una democracia, apagándose poco a poco (y como condición impuesta por el Régimen) la estrategia política de acciones en la calle, huelgas y manifestaciones.

En resumen, cuando el Rey se consolida políticamente después de su inestable posición inicial, y consigue ganarse un voto de confianza ante la opinión pública nacional e internacional, la mayor parte de la oposición antifranquista comienza a manifestar claramente los cambios que la llevarían a moderarse, a renunciar a la estrategia rupturista desactivando a las bases y a aceptar negociar un pacto reformista con el régimen de Juan Carlos I.

Para poder sobrevivir políticamente al empuje rupturista, que aún podía volver con fuerza si volvían a fracasar con su intento de reforma, el primer paso implicaba destruir el consenso del 18 de Julio para poder después construir uno más amplio. En la práctica, ello requería deshacerse de la estructura política creada en torno al Movimiento Nacional y su sindicato Vertical, a la par que progresivamente resultaba necesario ir formando otra herramienta en la que apoyarse.

La clave del éxito estaba en conseguir una efectiva apertura del régimen, una reforma que permitiera integrar a las principales fuerzas antifranquistas y otorgarle así una necesaria fuente de legitimidad democrática (y, al mismo tiempo, eliminar a sectores que pudieran suponer una amenaza real a sus intereses). Ver [5]. Ese nuevo consenso terminaría cristalizándose en la Constitución de 1978.

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Con ese fin el Rey confió en Adolfo Suárez, secretario general del Movimiento Nacional, para que desde el interior del Régimen se aplicara una política renovadora inspirada en las exigencias más moderadas de la oposición. Ver [6]. Entre ellas, especialmente hay que señalar la importancia de aquellas las que no implicaran una pérdida del control necesario sobre el necesario proceso constituyente.

Por el momento, la estrategia de Torcuato Fernández Miranda progresaba exitosamente. Sin embargo, para poder designar a Suárez aún se debían superar previamente los controles del Consejo del Reino y de la Comisión de Leyes Fundamentales, dos de los organismos que salvaguardaban la esencia del Régimen frente a maniobras legalistas desde el interior.

REFERENCIAS

  1. SÁNCHEZ-TERÁN, Salvador: La Transición. Síntesis y claves. Barcelona, Planeta, 2008. Pp. 105 y 262.

  2. “Oposición: Bases para la negociación con el gobierno”, Diario 16 (2 de noviembre de 1976).

  3. CARRILLO, Santiago: Memoria de la Transición. Barcelona, Editorial Grijalbo, 1983. Pp. 9-11.

  4. SÁNCHEZ-TERÁN, Salvador: La Transición…, p. 100.

  5. FÉLIX TEZANOS, José; COTARELO, Ramón; DE BLAS, Andrés: La Transición Democrática..., p. 198.

  6. Uno de los momentos más importantes en los primeros meses de 1976 fue la visita del Rey al Congreso de los EE.UU., manifestando allí públicamente su voluntad de instaurar en España una democracia parlamentaria. Suárez por su parte en su declaración programática en verano procuraría tener en cuenta exigencias de la oposición como las concesiones de amnistías o de un proceso constituyente con elecciones plurales y civilizadas. FÉLIX TEZANOS, José; COTARELO, Ramón; DE BLAS, Andrés: La Transición Democrática..., p. 200.