Claves de la Transición III

III: La Reforma Oligárquica frente a la Ruptura Democrática

En la Transición española las élites franquistas eran conscientes de la necesidad urgente de realizar reformas, el régimen necesitaba una actualización que corrigiera la tendencia decadente que estaba experimentando. Los primeros proyectos reformistas empezaron a gestarse en los debates que precedieron a la LOE de 1967, ya en 1968 el ministro Solís intentó sin éxito integrar a la oposición con un nuevo Estatuto de Asociaciones. El escollo principal lo encontró en el Movimiento Nacional, que no estaba dispuesto como partido único de la dictadura a renunciar al privilegio de controlarlas.

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Esa falta de libertades forzaba a los antifranquistas a actuar en la clandestinidad para poder prosperar. (Ver [1]) Durante los años 60 la oposición clandestina trató de unirse contra el Franquismo en acciones como el llamado “Contubernio de Munich” de 1962 (que coincidió con un contexto de intensas huelgas y de fuerte rechazo de la Comunidad Europea a la dictadura franquista), pero no tuvieron éxito.

Ello motivó más al Régimen a encontrar una vía que fuera más abierta pero igualmente controlada. Desde dentro del propio régimen hombres importantes, como Manuel Fraga Iribarne o José María de Areilza, empezaban a manifestarse abiertamente a favor una reforma que atajase la crisis. (Ver [2]) Si bien se toleraban esas actuaciones moderadas hubo también una firme y en ocasiones sangrienta política de represión, con detenciones de líderes de la oposición clandestina, duras represiones policiales o cierres y sanciones sobre publicaciones.

Hay que tener en cuenta que una de las causas esenciales de la necesidad de la reforma fue el surgimiento de una oposición política clandestina, organizada y activa que quería aprovechar al máximo la nueva situación que se abriría a la muerte de Franco. En palabras de Santos Juliá: “El campo se amplió porque las huelgas, las manifestaciones por la libertad, la amnistía y los estatutos de autonomía, las movilizaciones de miles de trabajadores, de asociaciones de vecinos, de colegios profesionales, de funcionarios y de artistas, empujaron decisivamente en esa dirección. La salida de la clandestinidad, antes de la conquista de la legalidad, de sindicatos y partidos desbordó las trincheras en las que era fuerte la derecha inmovilista”. (Ver [3])

Durante la dictadura franquista no hubo una oposición fuerte y unida capaz de arrinconar al régimen, la larga dictadura había sido capaz de mantenerla incapaz de organizarse en su contra. Fue en 1974 cuando empezó a tomar forma una eficaz oposición política antifranquista. Hasta entonces había existido una presencia significativa que nutría organizaciones clandestinas como los sindicatos clandestinos o el PCE, pero no hubo nunca una estrategia capaz de arrebatar al régimen la iniciativa política.

Los anteriores intentos de unificación, fundamentalmente por las diferencias ideológicas y por los recelos competitivos, terminarían fracasando en favor de un régimen que procuraba aprender a adaptarse.

El punto de inflexión llegó con la Junta Democrática de España, que proclamó sus intenciones públicamente el 29 de Julio de 1974. En pocos meses consiguió consolidarse como organización líder de la oposición aglutinando al grueso de la misma, siendo el primer proyecto de organismo unitario de la oposición en triunfar. El medio para su unión fue un acuerdo común en torno a una estrategia civil de reivindicaciones democráticas desideologizadas, orientadas únicamente hacia la conquista pacifica de una democracia.

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Será esa oposición organizada la que, al ir consiguiendo concentrar fuerzas y arrinconar progresivamente al régimen, especialmente frágil e impotente en ese contexto de crisis de Estado, irá despertando mayores alarmas y motivando sucesivos intentos del régimen por reformarse. Sin embargo los  hombres clave del aparato del Estado seguían fieles a la lógica del espíritu del 18 de Julio, símbolo de las Leyes Fundamentales y pilar ideológico del Franquismo.

Sin libertad de asociación no era creíble la reforma democrática, y la existencia de masas organizadas en torno a asociaciones clandestinas e ilegales, que se negaban a aceptar el Franquismo y lo atacaban, desgastaba clamorosamente. Era necesario integrarlas como fuera, por lo que Carlos Arias, a partir del 14 de enero de 1974, comenzó como Presidente del Gobierno el que fue el último intento ortodoxo de reforma con su programa aperturista del “espíritu del 12 de febrero”.

Tras chocar con las facciones intransigentes del Franquismo (y con el propio Franco) lo único que llegó a conseguir fue una mayor libertad de prensa y una mayor tolerancia política, salvo con los comunistas o los rupturistas. Para la oposición significó un gran éxito, los fracasos del gobierno reformista de Arias daban un mayor sustento a la influencia de las organizaciones antifranquistas rupturistas. En esas circunstancias soplaban buenos vientos para abandonar oficialmente la clandestinidad, el riesgo de represión comenzaba a ser una ventaja por la creciente falta de autoridad moral del gobierno.

Raymond Carr y Juan Pablo Fusi explican con claridad el contexto de caída de Arias: “Arias fracasó por una acumulación de circunstancias: por la resistencia de la derecha franquista, Franco incluido (lo que empezó a llamarse el “búnker”); por la alarma que produjo en España la Revolución portuguesa de abril de 1974 y por la agitación de los estudiantes; por la durísima política de orden público, especialmente en el País Vasco, con que Arias quiso contrarrestar las críticas que recibía desde su derecha; y, finalmente, porque, en el fondo, Arias era demasiado conservador y franquista como para haber realizado una democratización verdadera del régimen, esto es, una democratización no limitada por la propia legalidad del régimen que se pretendía transformar”. (Ver [4])

En cuanto a la composición de la Junta ésta integraba principalmente a Antonio García Trevijano (su principal estratega, fundador y secretario), al gran PCE de Carrillo, a monárquicos vinculados a Don Juan como Rafael Calvo Serer e independientes influyentes, al PSP de Tierno Galván, a los carlistas de Carlos Hugo, a Comisiones Obreras, al maoísta Partido del Trabajo y a multitud de grupos llegando en pocos meses a conseguir integrar alrededor de 500 colectivos muy heterogéneos pero unidos en torno al programa estratégico. (Ver [5])

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En dicho programa de reivindicaciones reclamaban esencialmente la formación de un gobierno provisional para el desarrollo de unas Cortes constituyentes, separación de poderes, amnistía política, el restablecimiento de las libertades y la convocatoria de un referéndum sobre la Forma de Estado y de Gobierno. (Ver [6])

El objetivo principal de la estrategia de la Junta Democrática consistía en conseguir la denominada Ruptura Democrática, se buscaba enterrar pacíficamente el régimen franquista y convocar un período de Libertad Constituyente que diera paso a la creación de una constitución democrática. El término de Libertad Constituyente esencialmente implicaba que los españoles, con previas y plenas libertades, pudieran elegir diputados a Cortes Constituyentes para que redactaran una Constitución que se pusiera en funcionamiento tras su aprobación en referéndum.

El programa de la Junta Democrática no reclamaba una forma de Estado o de gobierno concreta. Para evitar divisiones ideológicas se limitaba a ser un medio que unificara a la heterogénea oposición en una estrategia común, con vistas a la conquista pacífica de una democracia. La clave era que el procedimiento usado garantizara la libertad durante el proceso frente al control de las élites franquistas que se temía, se buscaba un periodo constituyente libre incluso para los franquistas.

NOTAS

  1. POWELL, Charles: España en… Pp. 105-106.
  2. CARR, Raymond; FUSI, Juan Pablo: España, de la dictadura..., pp. 234-246.
  3. En JULIÁ, Santos: “Hoy no es ayer, Ensayos sobre la España de siglo XX”. Barcelona, RBA Libros, 2010. Pp. 269.
  4. CARR, Raymond; FUSI, Juan Pablo: España, de la dictadura..., p. 258.
  5. La Junta recogía en su seno a colectivos de todo tipo: colectivos de sectores profesionales como la enseñanza, la información, el arte, la administración pública, el mundo del espectáculo, profesiones liberales, periodismo; asociaciones como comisiones de barrios, de vecinos, o de ocio; y personas independientes sin afiliaciones partidistas pero igualmente luchadores por la democracia. Ver VIDAL-BEYNETO, José: Memoria democrática. Madrid, Foca, 2007. p. 106.
  6. POWELL, Charles: El piloto de cambio. El rey, la Monarquía y la transición a la democracia. Barcelona, Planeta, 1991. p. 101.