¿Una España de “Españas”?. Una aproximación taxonómica al concepto de nación

Resumen

La falta de una ordenación  taxonómica del concepto de nación desde perspectivas del Derecho Político, ha generado y generan una confusión constante, no solo en el debate público sino también en el académico. La actualidad política ha traído, de nuevo, la pregunta de si España es una “nación de naciones” a fin de intentar ofrecer una respuesta a la voluntad nacionalista periférica. Nada puede ofrecerse, como solución, sino se tienen claros los conceptos que se deben manejar.

La Filosofía materialista aporta una ordenación categórica sobre un concepto y una realidad que como decía Jouvenall, no solo le robó la voluntad a los Monarcas sino también su soberanía. El Derecho Público como instrumento y garantía de límite frente al poder público, debe recoger y desarrollar dichas categorías como garantía jurídica frente a actuaciones que afecten a la unidad política colectiva.

El renacimiento de dicho debate, traído a la arena política por los dirigentes de los partidos estatales, hace necesario aportar una visión ordenada o al menos coherente de los términos que se utilizan, sobre todo si tenemos en cuenta que se trata de cuestiones que afectan a toda a la sociedad en su conjunto como sujeto constituyente.

Abstract

The lack of a taxonomic ordering of the concept of nation from the perspectives of Political Law has generated and generates a constant confusion, not only in the public debate but also in the academic one. The political situation has brought, once again, the consideration of whether Spain is a "nation of nations" in order to try to offer a response to the peripheral nationalist will. Nothing can be offered as a solution, but the concepts to be managed are clear.

The materialistic Philosophy provides a categorical ordering on a concept and a reality that as Jouvenall said, not only robbed the will of the Monarchs but also their sovereignty. Public Law as an instrument and guarantee of limit in relation to the public power, must collect and develop these categories as a legal guarantee against actions that affect collective political unity.

The rebirth, once again, of this debate, brought to the political arena by the leaders of state parties, makes it necessary to provide an orderly or at least coherent view of the terms used, especially if we consider that it is Issues that affect the whole society as a whole as a constituent subject.

Artículo

Decía Schumpeter [1] que la participación en política de personas del saber intelectual producía en las mismas un efecto singular digno de estudio. Según éste economista austriaco, cuando un intelectual entraba en el juego del poder, tan pronto como iniciaba su andadura dejaba su intelectualidad apartada, y se comportaba como un ser inane, carente de la mas mínima pericia mental, llevando a cabo actuaciones que en su esfera privada nunca las realizaría.

Este efecto psicológico del comportamiento puede reducirse a una mera anécdota sociológica, interesante de estudio, cuando afecta a cuestiones accidentales de la acción política. Sin embargo, empero, la cuestión se torna mucho mas grave cuando dicha debilidad mental se connivencia con un cierto interés personal de oportunismo político, llegando a afectar a la sociedad civil en su conjunto.

No es nuevo el debate político sobre ¿qué es España?; o más concretamente, si España se haya constituida por muchas “Españas”. El debate de las “naciones” en el seno de nuestra delimitación territorial estatal, es un viejo amigo de nuestras tertulias, un viejo acompañante que ya forma parte de la propia cultura política.

Siendo constatable lo citado, no es menos cierto que hasta ahora, no se había planteado la “plurinacionalidad federal” por ninguno de los dos grandes partido estatales no nacionalista. Ha sido, el nuevo Secretario General del PSOE, Pedro Sánchez, quien ha incluido en su agenda política y en su ideario programático, la “plurinacionalidad” de España con el fin de re-constituir el Estado español en un Estado federal. No ha sido el único político que ha incluido en su vocabulario político ese genitivo replicativo que es “nación de naciones”; también la Portavoz del grupo parlamentario de la formación morada, la Sra. Irene Montero ha espetado, segura de sí misma, en la tribuna del Hemiciclo parlamentario que España es “un país de países”.

Sería una empresa imposible, el intentar dar una respuesta a la cuestión suscitada en la agenda política sin saber con claridad a qué nos referimos cuando hablamos de una “nación” ya que los defectos y errores que se cometen en el debate público, derivan de una confusión absoluta de los términos que se utilizan.

La confusión a la que aludimos no solo se produce en el debate publico, ésta también se origina desde perspectivas jurídicas y politológicas. No obstante, la importancia del concepto para la formación de las sociedades internacionales como sustrato básico y legitimador de la formaciones estatales, esta fuera de toda duda. Decía, al respecto, Tomás Perez Vejo [2] que pocas objeciones caben a la afirmación de que la nación ha desempeñado un papel determinante —tanto en el plano político como, quizás sobre todo, en el de las mitologías colectivas— en la articulación de las sociedades humanas durante  los dos últimos siglos. En un proceso iniciado a partir de la segunda mitad del siglo XVIII en occidente y que posteriormente se ha extendido al resto del planeta, la nación ha terminado por convertirse en la forma hegemónica y excluyente de identidad colectiva de la modernidad y en la principal, si no única, fuente de legitimación del poder político. Así lo reconoce explícitamente el ordenamiento jurídico internacional que considera a las comunidades nacionales como los únicos sujetos colectivos capaces de ejercitar determinados derechos políticos, el de autodeterminación por ejemplo, que por el contrario se niegan a otro tipo de colectividades, sean religiosas, ideológicas, económicas, históricas o mero fruto de la voluntad de los individuos que las componen. La nación se dibuja en el horizonte mental del hombre moderno como una realidad insoslayable, que configura y determina todos los aspectos de la vida colectiva, desde el carácter de las personas hasta las formas de expresión artística. Ser miembro de una nación se ha convertido en una necesidad ontológica capaz, pareciera, de condicionar por completo nuestra forma de ser y estar en el mundo.

Sin embargo, siendo un concepto epicéntrico de nuestra formación estatal desde finales del Siglo XVIII, la inexistencia de material taxonómico que nos permita diferenciar sus distintas acepciones provoca, como ya adelantamos, una confusión permanente.

En este sentido, y sin atenernos a corrientes marxistas que han sido las que más se han proyectado sobre los conceptos de nación y de autodeterminación (la concepción marxista utiliza la expresión “la libre determinación de los pueblos”), desde Carl Marx en el “Manifiesto Comunista” o “El Capital”; Lenin con su obra “Notas Críticas sobre la cuestión nacional; o Stalin en el “Marxismo y la cuestión nacional”; en la actualidad podemos citar la famosa obra de Eric Hobsbawm: “Naciones y nacionalismo desde 1780” [3].

En dicha obra, dividida en 6 capítulos ya en la Introducción, Hobsbawm intenta aclarar, sin conseguirlo según nuestro criterio, algunos de sus puntos de partida y premisas de arranque, entre las que destaca el hecho de que “el sentido moderno” de la palabra “nación” no se remonta más allá del S. XVIII ; también nos dice que “al abordar la cuestión nacional es más provechoso empezar con el concepto de la nación (es decir, con el nacionalismo) que con la realidad que representa”. Así mismo, aclara por tanto, que el nacionalismo antecede a las naciones, lo que lo lleva a afirmar que “las naciones y los fenómenos asociados con ellas deben analizarse en términos de las condiciones y los requisitos políticos, técnicos, administrativos, económicos y de otro tipo”.

Hobsbawn, que no categoriza el término nación, sino que recogiendo la perspectiva liberal, la ubica en relación al Estado, considerándose aquella solo como el atributo más importante para la conformación de éste, viene a destacar dos aspectos esenciales de la misma para su existencia: su viabilidad económica, y su fortaleza para constituirse en Estado.  Hobsbawm presenta una suerte de criterios por virtud de los cuales un pueblo puede ser clasificado firmemente como nación. Estos son, a saber: la asociación histórica con un Estado, la existencia de una antigua élite cultural y la probada capacidad de conquista.

Sin perjuicio del desarrollo etnológico que el autor realiza en los distintos capítulos del libro para subrayar las características de lo que llama “protonación”, la utilización del concepto de “Estado” para delimitar el de nación, (perspectiva liberal), orilla no solo la propia existencia y utilización de este concepto en épocas muy anteriores a las revoluciones liberales del Siglo XVIII, sino que, además, no determina ni justifica qué criterios son los que hacen que una nación ordene un Estado, amén de que, en ningún caso atienda al hecho de que puedan existir naciones sin Estado, al menos, sin  aquellas formas de organización política-social que nacieron en el Siglo XV y que tomaron su sentido más moderno con la Revolución Francesa.

Una visión jurídico-materialista del asunto.

Lo expuesto con anterioridad, no es más que una pequeña muestra del oscurantismo del concepto que manejamos, sobre todos si se hace desde categorías jurídico-públicas (Estado, federalismo, confederalismo, unidad, identidad, regionalismo, centrismo).

Siendo este el panorama, estimo gratamente clarificador, la taxonomía realizada por el filosofo de la Escuela de Oviedo, D. Gustavo Bueno, en su obra: “España frente a Europa.”[4]. Taxonomía que el Derecho Público no debería desconocer.

Siguiendo los postulados de este autor, el término nación, que es definido desde un punto de vista de la filosofía materialista, como un concepto no univoco y oblicuo poseería tres acepciones posibles, con efectos distintos (cuatro si utilizáramos la expresión “nación fragmentada”, pero para el presente estudio no se empleará).

El primero de los significados, haría referencia al término nación en su acepción biológica y se referiría a su concepción más pristina. Desde esta perspectiva, el término “nación”, que deriva de la voz latina nāscor,  se circunscribiría al origen o nacimiento de algo. Cuando se utiliza con este significado podemos estar haciendo referencia al “nacimiento del pelo” o a la “nación de los dientes”, por ejemplo.

La segunda acepción del término “nación”, es la más utilizada y la que más literatura ha generado. Esta perspectiva refiere a la nación desde un punto de vista étnico o antropológico. Dentro de esta extensión se encontraría, igualmente, la nación histórica o cultural.

Siguiendo con esta perspectiva, se puede decir que España se constituyó como una verdadera nación etnológica con la llegada de los Godos. Desmenbrado el Imperio Romano, tanto los habitantes de las estirpes godas como los hispano romanos comenzaron a considerarse miembros de una nación independiente, con modos de vivir propios, a la que le dieron el viejo nombre romano de Hispania.

Esta conciencia de pertenencia a una casta, a una etnia residente en el territorio hispánico aparece de manera absolutamente irrefutable precisamente en el representante más cualificado de la cultura hispana: Isidoro de Sevilla (Siglo VI d.c.). Autor de la gran enciclopedia de la época, las Etimoligías, la primera enciclopedia de la Historia adelantándose en casi un milenio y medio a la francesa del S. XVIII. Puede verse también ese aspecto en la Estoria de Espanya de Alfonso X el Sabio, la Crónica de Espanya de Ribera de Perpejá e incluso en la Crónica de Bernat Desclot.

Nada impediría la existencia de varias naciones étnicas en un mismo territorio. De hecho, es normal que las mismas confluyan dando lugar al enriquecimiento de las resultantes. Ese fue el resultado de la nación española. La influencia romana, visigoda, árabe, gérmánica dejó una impronta en el carácter españolista, en las costumbres, en las raíces, en los hábitos, en la lengua, en los modos colectivos de vivir, en definitiva en la cultura, que individualiza y especifica los rasgos hispanos frente a otras naciones. Esta acepción es sociológica y no política.

Su unidad e identidad destacaron en dos momentos distintos pero de naturaleza semejante, a saber, con la caída del Imperio Romano y con la expulsión de los musulmanes; estos movimiento de unicidad social se reforzarán desde el S. XV hasta el S. XIX [5], con la consecución de su unicidad política.

Las naciones se presentan así como la lenta sedimentación que se va acumulando por el arrastre de la fuerzas continuas de las olas del mar. Son producto y resultante de la Historia, de la convivencia, de hechos voluntarios e involuntarios en los que no interviene consciencia ni planificación humana. La Historia de las naciones esta plagada de sincronicidades y hechos accidentales alejados de “proyectos sugestivos de vida en común” [6], tal y como se referiría a ella Ortega y Gasset. En este sentido, dirá  Gerhardt Leibholz, presidente del Tribunal Constitucional de Bonn desde 1952 al 1974, que la nación es producto de la Historia, que es lo que explica que la nación, en oposición a pueblo, no sea algo dado por la Naturaleza sino algo que se origina históricamente. En este mismo sentido,  Disraeli nos recordará que la nación es “a work of art and time” [7].

Ahora bien, dejado claro lo anterior, y abordando la tercera acepción del término nación, si en un mismo territorio pueden convivir distintas nacionalidades étnicas, deviene imposible cuando hablamos de nación política. Y es esta acepción la que más problemas ha generado, pues cuando un nacionalismo fragmentario se refiere a nación a lo que se esta refiriendo precisamente es a este tipo de nación política.

De lo que realmente se discute en el debate político es de nación-es políticas y no de naciones étnicas, todas ellas conviviendo en un nuevo “Estado Federal español”.Y esta consideración es un imposible desde las categorías de lo político.

La nación política, sujeto constituyente, poseedora de la acción positiva constituyente, solo puede ser una, pues una e indivisible es la soberanía que la hace sujeto exclusivo del poder político, es decir, que la hace nación política. La nación política engloba a todas las demás. Es un todo único sin perjuicio de las nacionalidades étnicas que subyagan en su interior.

La nación como unidad política colectiva con capacidad de obrar y consciencia de lo político [8] cuya base descansa en su unidad e identidad social, se torna titular exclusivo y excluyente del ejercicio de su propia soberanía. Acción de un poder político, que mediante un proceso constituyente, dota al Estado de personalidad jurídica. Es por ello por lo que el pensador García Trevijano dirá que aquel no es más que la personificación de la nación [9].

Gerhard Leibholz se preguntaba qué convierte un pueblo en nación política. Y vino a decir que no lo hacía el nacer en una comunidad, ni tampoco un idioma común, sino la consciencia de su propio valor político cultural, afirmando su existencia como una totalidad independiente, concreta y única.

Esa idea de nación envolvente que incluye a todas las demás con un sustrato político-cultural, encuentra su base en el concepto de cultura utilizado por el filosofo alemán J. G. Fichte, aunque también aparece acentuado en Hegel. En este sentido, Gustavo Bueno subrayará que [10]: “la cultura (para Fichte y Hegel) es considerada como un conjunto de contenidos históricamente determinados, conformadores de los propios hombres, podrá ser percibida como cultura envolvente y organizadora de las generaciones sucesivas. Esta función conformadora y envolvente de una cultura históricamente dada no podría ejercerse sobre cada individuo, sino estuviese implantado en la sociedad política, en el Estado. Y así como la finalidad de cada individuo aislado es el goce egoísta de los bienes, así la finalidad de la especie es la cultura, pues solo a su través la especie puede desenvolverse en sus individuos. El Estado es la organización que los individuos constituyen para llevar a cabo la finalidad de la especie. Con esto Fichte puede creer que la finalidad del Estado es la cultura.”

“De este modo, Fichte esta poniendo por primera vez la idea (el mito) del Estado de Cultura. Una idea que maduró también a través, sobre todo, de la filosofía política alemanda y antes de que Bismarck en 1871 levantase como bandera del Estado prusiano el KulturKumpf. Bluntschi (en su Allgemeines Staatsrechts de 1852) había establecido una celebre clasificación de los Estados, manifestado que junto con las Monarquías y las Repúblicas se hallan los Estados de Cultura, puesto que los intereses culturales pueden determinar de forma especial la vida de un pueblo.”

Fue la Revolución Francesa quien nos trajo la realidad de la nación política, a través de Enmanuel-Joseph Sieyés quien, en su celebérrima obra «Qu 'estoce que le Tiers état?, tras interrogarse sobre qué es una nación, respondía: “«Un corps d'associés vivant sous une loi commune et représentés par la meme législature ("Un cuerpo de asociados que viven bajo una ley común y representados por la misma legislatura”).

Algunos historiadores creen poder precisar cuando fue la primera vez que el concepto de nación fue utilizado con esta idea-fuerza, en sentido político; y así, parece que tuvo lugar el 20 de septiembre de 1972, cuando los soldados de Kellermann, en lugar de gritar: “Viva el Rey”, gritaron: “Viva la nación” [11].

  La nación así entendida es un todo político que encuentra su sujeto jurídico en el Estado. De hecho, la unidad que se le exige a nuestro orden constitucional, lo toma de la única fuerza constituyente, la proveniente de la nación política española.

Si se ha de subrayar algún momento a partir del cual la nación española consciente de su unicidad y capacidad política, se constituye como sujeto constituyente sin fisuras, ese es en la Constitución de 1812, donde vino a reconocer que la Nación española era la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios y  la única residente de la soberanía (arts. 1 y 3).

No cabían y no caben dos sujetos constituyentes con la misma potencia en un mismo territorio. La titularidad de un poder político exclusivo, excluyente y único expulsa cualquier centro de poder que le haga competencia. La soberanía es única, la autonomía no.

Esta diferenciación entre soberanía y autonomía que goza de efectos jurídicos y políticos pero no filosóficos, fue ya puesto de manifiesto por el Tribunal Constitucional español el 2 de febrero de 1981, al considerar que: “Ante todo, resulta claro que la autonomía hace referencia a un poder limitado. En efecto, autonomía no es soberanía -y aún este poder tiene sus límites-, y dado que cada organización territorial dotada de autonomía es una parte del todo, en ningún caso el principio de autonomía puede oponerse al de unidad, sino que es precisamente dentro de éste donde alcanza su verdadero sentido, como expresa el art. 2 de la Constitución.”.

Desde entonces, la unidad y unicidad de la nación política española ha continuado siendo garantizada por el Tribunal Constitucional. Posiblemente, la sentencia más importante dictada hasta el momento sea la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña de 2006 que fue hecha pública el 28 de junio de 2010. En esta extensa sentencia, el Alto Tribunal de garantías constitucionales  centrándose en la expresión “realidad nacional catalana” admitía "la defensa de concepciones ideológicas que, basadas en un determinado entendimiento de la realidad social, cultural y política, pretendan para una determinada colectividad la condición de comunidad nacional, incluso como principio desde el que procurar la conformación de una voluntad constitucionalmente legitimada para, mediando la oportuna e inexcusable reforma de la Constitución, traducir ese entendimiento en una realidad jurídica”. Así pues, "esa mención, por lo demás, en cuanto tiene de expresión de una circunstancia histórica, es en sí misma jurídicamente intrascendente, sin perjuicio de que, en cualquier contexto que no sea jurídico-constitucional, la autorrepresentación de una colectividad como una realidad nacional en el sentido ideológico, histórico o cultural, tenga plena cabida en el ordenamiento democrático como expresión de una idea perfectamente legítima".

En el Fundamento Jurídico numero doce el Tribunal Constitucional concluía: "la nación que aquí importa es única y exclusivamente la nación en sentido jurídico-constitucional. Y en ese específico sentido la Constitución no conoce otra que la Nación española, con cuya mención arranca su preámbulo, en la que la Constitución se fundamenta (art. 2 CE) y con la que se cualifica expresamente la soberanía que, ejercida por el pueblo español como su único titular reconocido (art. 1.2), se ha manifestado como voluntad constituyente en los preceptos positivos de la Constitución Español”.

  Lo que el juzgador constitucional vino a decir es que solo la nación española, como nación política y sujeto constituyente, es la relevante a efectos del orden constitucional. Sin embargo, el Alto Tribunal permitió la posibilidad de reconocer la nación política catalana mediante la oportuna reforma constitucional, y ello, se insiste, no sería posible desde la perspectiva de lo político si nos atenemos a las categorías ordenadas y admitidas por el Derecho Constitucional suministradas por Carl Schmitt, George Jellinek y Carl Joachim Friedrich.

El orden constitucional, único y univoco, deriva de un solo sujeto constituyente. La unidad constitucional deviene de la unidad de la potestad constituyente; y ese poder único lo es porque deriva de un solo sujeto reconocido como soberano: la nación. Unidad social-Unidad política-Unidad Constituyente. El acto constituyente decide la forma y modo de la vida política cuya existencia es la unidad política del pueblo[12]. Por ello, si se reconociera otro sujeto político dentro del Estado, éste estaría fuera del orden constitucional pues, por una parte, la nación política es siempre sujeto constituyente y no objeto constituido, y por otra, al no partir de ella la acción positiva constituyente, el orden constitucional constituido le sería ajeno. Ninguna nación política esta sometida a Constitución ajena.

Como bien indica Garcia Trevijano recordando al Abate Sieyés, el Tribunal Constitucional actuó, en este sentido, como un poder constitucionario.

Leon Duguit, padre del Derecho Público y creador de la doctrina privatista sobre “la función social de la propiedad”, vino a decir que: “ siendo la soberanía una e indivisible, como la persona de la nación que de ella es titular, los mismos hombres y el mismo territorio no pueden estar sometidos más que a un solo poder público. Siendo la nación una persona y siendo su voluntad el poder político soberano, concentra en sí todo el poder, y no puede haber en el territorio nacional otros grupos que tengan parte alguna de la soberanía. “[13].

Este concepto de poder político soberano propio de Bodino y caracterizado por Rosseau fue incorporado al texto constitucional francés de 1791, como único, indivisible, inalienable, e imprescriptible. Consagrándose que pertenece a la nación y que ninguna parte del pueblo ni ningún individuo puede atribuirse su ejercicio.

Por ello, advertirá Duguit, que es importante subrayar que el federalismo es la negación misma de la soberanía política del Estado. Esta forna de organización territorial se haya constituida esencialmente por el hecho de que en un territorio determinado no existe más que una sola nación, y sin embargo, en ese mismo territorio existen muchos Estados investidos, como tales, del poder público político soberano: un Estado central o federal, que es la nación misma hecha Estado, y los Estados miembros de la federación constituidos por colectividades locales.

Para salvar esta antinomia, algunos autores como Laband o Jellinek utilizaron el argumentario de los Estados no soberanos, indicando que en una federación de Estados el único Estado realmente soberano es el Estado central. [14]

Otros autores, como Carl Schmitt intentaron resolver el problema recurriendo a lo que denominó pacto constitucional [15] mediante el cual las naciones políticas convenían en sujetarse al Estado central. Sin embargo, desde esta perspectiva quedaba sin resolverse qué nación constituía el sustrato básico del Estado federal central.

Carl Schmitt contempló dicha posibilidad desde la categoría del Derecho Internacional Público, como si de acuerdos internacionales entre Estados se tratara.

Sin embargo habría que decir, que parecen olvidar quienes defienden esta organización territorial estatal para España, que esta forma de Estado se produce necesariamente por una asociación previa de varios Estados que ya existen, los cuales se sujetan, ahora, al Estado central o Federal. Es decir, sin previos Estados no puede haber Estado Federal.

Ningún Estado Federal se ha constituido mediante la previa fragmentación del Estado unitario para una vez separados, volverse a unir pero, ahora, mediante un Estado Federal. Ni siquiera Brasil, cuando pasó de “Estados Unidos del Brasil” a “República Federativa del Brasil” (1967), el Estado desde el que partió la organización Estatal era un Estado unitario. Pero es que, además, esta forma de organización territorial estatal entraña otro problema, a saber.

 

El Estado federal requiere un pactum unionis por parte de los Estados federados  y un pactum subjetionis al nuevo Estado federal central. La clase política que defiende esta empresa, no quiere ver que los movimientos nacionalistas españoles no son federalistas sino estatalistas. Pelean por un Estado nuevo, autónomo, separado del Estado español. No quieren estar sujetos a un Estado central-federal español. Su voluntad es estatalista, es decir, la creación de un nuevo sujeto político-administrativo. Por ello, sería conveniente corregir la terminología que se utiliza, pues no es nacionalismo sino estatalismo.

Esta forma de estructurar el federalismo fue ya explicitada por uno de los Padres Fundadores de la patria norteamericana. James Medison en su escrito fundamental de 1787: Vices of the political system of United State [16] vino a dejar claro las diferencias que existían entre un régimen federal y otro confederal, subrayando los problemas que esta forma de organización estatal conllevaba por el efecto centripeto de los Estados miembros. Partidario de un Estado de Estados expondría sus ideas frente a Hamilton dibujando un régimen federal equilibrado donde el gobierno central sería el competente no solo en aquellas materias al él atribuidas exclusivamente sino también a tenor de los principio de preferencia y supletoridad, en los casos de conflicto entre los Estados federales y el Estado central. Tales Principios han sido incorporados, más tarde, a textos constitucionales como el nuestro (Art. 149.3 de la CE).

El debate público en torno a si España es una nación de naciones, concluiría si se preguntase, a qué clase de nación se refiere la pregunta, de acuerdo con la taxonomía indicada. Como se ha puesto de manifiesto, nada impide que distintas naciones étnicas, culturales e históricas convivan en un mismo territorio estatal. Este es el sentido del término “nacionalidades” del articulo 2 de la Constitución de 1978, aunque el legislador constituyente lo utilizara junto al concepto de “región”, que como se sabe, es un término geográfico-administrativo.

Si a lo que se refiere la pregunta es a la nación política, ésta solo puede ser una, titular exclusivo y excluyente del derecho público soberano; sujeto constituyente, poseedor de la voluntad política colectiva cuya fuerza y autoridad es capaz de adoptar la concreta decisión del conjunto sobre el modo y forma de la existencia política, es decir. de la unidad política como un todo indivisible.   

La soberanía no se discute, se defiende con las armas en la mano

Augusto Cesar Sandino

Referencias

[1] Joseph A. Schumpeter. “Capitalismo, Socialismo y Democracia”. Ed.  Orbis (Biblioteca de Economía), Barcelona (1983). Tomo I

[2] Tomás Pérez Vejo. Artículo “ La construcción de las naciones como problema historiográfico: el caso del mundo hispánico”. Revista: Historia Mexicana 2003.

[3] Hobsbawm, Eric. “Naciones y nacionalismo desde 1780.”. Ed. Barcelona, Crítica, 1997. Pags, 11, 17, 19 y 46.

[4] Gustavo Bueno. “España frente a Europa”. Ed. Alba. Barcelona. 1999

[5] Dalmacio Negro. “Sobre el Estado en España”. Ed. Martial Pons. 2007. pag 12, aunque este autor hablará de “nación moderna”.

[6] Ortega y Gasset, José.”España invertebrada: bosquejo de algunos pensamientos históricos”. Ed. Revista de Occidente. (1975). Pag 63.

[7] Gerhard Leibholz. “Conceptos Fundamentales de la Política y de la Teoría de la Constitución”. Ed. Instituto de Estudios Políticos. Madrid, 1984. Pag 213.

[8] Carl Schmitt. “Teoría General de la Constitución”. Ed. Alianza Editorial. 2011. Pag 75

[9] Antonio Garcia Trevijano Forte. “Teoría pura de la República Constitucional”. Ed. MCRC. 2012. pag 309.

[10] Gustavo Bueno. “El Mito de la Cultura”. Ed. Pentalfa. 2008. Pags 108 y 109

[11] Goerges Weill. “La Europa del siglo XIX y las ideas de Nacionalidad.”. Traducción española de José López Pérez. Ed. UTEA, Mexico. 1961. Pag:2

[12] Carl Schmitt. Ob. Cit. Pag 42.

[13] Leon Duguit. “Las transformaciones del Derecho Público y Privado”. Ed. Comares. 2007. pag. 13.

[14] Laband. “Droit public”. de. fr. 1900, Tomo I, pag 5 y ss; y G. Jellinek. “Allgemeine Staalslehere”. 2ª de. 1905.pags 470 y ss.

[15] Carl Schmitt. Ob. Cit. Pag 78.

[16] Alexandere Hamilton, James Medison, Jhon Jay.”El Federalista”. Edición de Ramón Máiz. Akal/Básica de Bolsillo. 2015. pag 9.