Separación de Poderes o Corrupción

Uno de los “hashtags” o “etiquetas” que fueron tendencia en Twitter la jornada del pasado miércoles 30 de mayo rezaba tal y como sigue: #MociónOCorrupción. Como si la corrupción dependiera de la voluntad de los partidos o de la confianza ciudadana en la buena o mala fe de los actores políticos. Como si la corrupción fuesen actos individuales de la clase política o de un partido en concreto. Es por ello que este artículo resulta necesario, pues creer que la corrupción es producto de la voluntad individual es no ver las causas originarias del problema y condenarse, indefectiblemente, a la indignación.

 

    La corrupción, para quien quiera quitarse la venda de los ojos, es inherente al régimen de partidos español. Sin corrupción este régimen no funcionaría, pues aquella hace las veces de motor de este. Un régimen que, como sabemos, no es sino la reforma del franquismo, mediante la cual se habilitó a otros partidos para participar en él. Por ello, dado que tras la muerte de Franco no había una figura que pudiera estar por encima del resto, más que la del monarca a nivel simbólico, se optó por la vía de repartir el poder franquista entre todos los actores políticos emergentes, haciendo del pueblo español un mero refrendador de este reparto. Es decir, no bastaba con repartirse el pastel del Estado franquista, sino que era necesario hacer al pueblo español cómplice de su corrupción. Esto ha fundamentado el engaño de la Gran Mentira de nuestros días.

 

    La propaganda, en aquel entonces, servía como complemento a la represión del aparato coercitivo del Estado franquista en cuanto apaciguaba la conciencia de las masas, consiguiendo entusiasmar únicamente a un tercio de la población, que era ferviente seguidora y devota del dictador. Hoy, sin embargo, la propaganda del régimen de partidos consigue entusiasmar al menos a dos tercios del pueblo español, haciéndole creer que hay democracia y que se puede acabar con la corrupción si se acierta en apostar por una voluntad partidista “buena”. Esta visión moral de la política, con pretensiones a poner fin a los problemas de corrupción, es la principal confusión secular del pueblo español, más si cabe en lo referente a la discrecionalidad de sus actores políticos, es decir, en cuanto a la estructura de poder.

 

    Pero volvamos al tema. Lo más hilarante (por decir algo) de la moción de censura, es que sea el propio PSOE: el PSOE de los ERE´s, el PSOE del Gal, de Filesa, de la malversación de los fondos reservados, y un largo etcétera, quien se arrogue la facultad de ser el policía de la corrupción. No sería de extrañar que, por ejemplo, los separatistas catalanes herederos del “pujolismo”, hiciesen una etiqueta sin arrugarse, si es que no se les ha ocurrido hacerla ya, que dijera algo así como #IndependenciaOCorrupción, y que parte de las masas estuviesen encantadas de apoyar esta consigna, tal y como han demostrado al apoyar una retórica separatista basada en esa línea de pensamiento.

 

   En este sentido, no considero que lo más peligroso de este régimen sea la corrupción económica en sí misma, sino más bien el hecho de que gran parte de la población crea, orgullosa, tener poder para cambiar el presente estado de las cosas mediante su voto de ratificación de listas. Esta consideración se debe a que la expresión de ese supuesto poder no consiste más que en replicar las consignas que fabrican los partidos en su lucha interesada por el poder.  

 

    Para concluir, este artículo resultaría un tanto insustancial si no ponemos sobre la mesa la pieza clave para acabar con la corrupción institucional. Esta pieza es nada más y nada menos que la elaboración de una verdadera Constitución, en lugar de la carta otorgada del año 78. - ¿Y qué es la Constitución entonces? - Dirá el lector. Pregunta que yo plantearía de la siguiente manera: - ¿Qué constituye una Constitución?- Y respondería: - La separación de poderes-. A continuación, para entender dicha disparidad, desentrañamos qué separación de poderes puede existir donde un pacto, oculto y arbitrario, entre partidos, hace y deshace gobiernos con total naturalidad.

 

    Son los jefes de los partidos los que, por mandato imperativo, dictan lo que los diputados habrán de votar. Consecuentemente, no es de extrañar que Pedro Sánchez haya devenido nuevo presidente de España tras una moción de censura presentada por su partido (y un diputado de NC), gracias al apoyo de los escaños de Unidos Podemos, ERC, PDeCat, Compromís, Bildu y PNV. Como era de esperar, todos los ojos han estado puestos en el PNV, partido que pactó la semana pasada con el Partido Popular la aprobación de los presupuestos generales. Por ello, la nueva negociación se ha abordado a partir de las bases argumentales de dicho pacto, para, de este modo, tratar de conseguir un mayor botín que el garantizado con la aprobación de los presupuestos. Así, el PSOE se ha valido del precedente del PP para ampliar su oferta: esta vez no ha bastado con el clásico cupo vasco, sino que se ha podido pactar la ampliación del estatus del territorio regional con un “nuevo modelo de relación bilateral de naturaleza confederal con el Estado”.  Asimismo, el PNV, a quienes inicialmente incomodó la moción de Pedro Sánchez, cambió de postura tras una llamada del pasado lunes al Secretario General del Partido Nacionalista Vasco, Andoni Ortuzar. También deberemos estar al tanto del decurso de los acontecimientos en cuanto a los políticos catalanes imputados (¿indulto?), pues se atisba un nuevo cambio de jugada en lo referente al conflicto catalán. La naturaleza apolítica, ilógica y plagada de contradicciones de este tipo de pacto, nada inusual en el tablero político español, es una muestra más de que el poder se concentra solo en los partidos y de que el reparto del botín iniciado en la transición continúa sin tregua.

 

    En suma, en esta partidocracia todo se reduce al pacto y al reparto que surge tras éste. No hay Constitución alguna que limite el poder de los partidos, sino que es el propio poder de los partidos lo que constituye la estructura de lo político. De todo esto es que se infiere a las claras la naturaleza corrupta del Régimen del ’78 más allá de unos actores determinados.
 

Toda sociedad en la cual no esté establecida la garantía de los derechos, ni determinada la separación de poderes, carece de constitución
— Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, Artículo XVI: 1789.