El principio de oportunidad y la elección de fiscales como instrumentos democratizadores

La relación del Derecho penal con la democracia es mayor de lo que, en un primer momento, pueda parecer. En este sentido, los dicasterios y la Heliea de la Antigua Atenas son la mejor muestra de ello. Pero, dada la complejidad actual de nuestro ordenamiento jurídico, quizá estas dos figuras serían más difíciles de traer hasta nuestros días que la mismísima Asamblea ateniense. Por esa razón, es conveniente explorar las posibilidades que existen en la actualidad, como aquella que nos brinda la disyuntiva entre el principio de legalidad y el de oportunidad. En consecuencia, considero interesante examinar lo que ofrece cada uno de ellos.

    De acuerdo con esto, el principio de legalidad es el que sitúa a la ley en la cúspide, sometiendo a todos los individuos y poderes del Estado a lo que ésta disponga. Por el contrario, el principio de oportunidad introduce cierto grado de maniobrabilidad para que, aquellos que cuenten con suficiente autoridad, puedan introducir más criterios a la hora de tomar una decisión. Si llevamos estos dos principios al ámbito penal, el primero de ellos implicaría la obligación de juzgar a prácticamente cualquier persona que haya delinquido, mientras que el segundo permitiría a la fiscalía, investido de la potestad necesaria y con un determinado margen de discrecionalidad, estimar la conveniencia de presentar o no cargos contra esa persona que hubiera cometido un delito. En este último caso, sería posible estudiar si resulta más beneficioso, para el conjunto de la sociedad, juzgar a un reo, negociar con él o considerar otras opciones.

    En un primer momento es inevitable que la lógica del principio de oportunidad resulte chocante. Lo mismo sucederá con el grado de incertidumbre que introduce, dado que en los ordenamientos jurídicos herederos del derecho francés la seguridad jurídica es considerada como uno de sus mayores logros. En virtud de ello, es conocido que cuando se introdujeron las leyes se buscó reducir la arbitrariedad de los poderes públicos, sometiendo a éstos a las condiciones que dichas leyes imponen. Sin embargo, dentro de los márgenes de la representación política no debe olvidarse que hay otras maneras de evitar esta arbitrariedad, como por ejemplo la rendición de cuentas. De hecho, si lo que se espera es que la actuación de los poderes públicos beneficie a la sociedad y que éstos no incurran en discriminaciones injustificadas, cabrá considerar que el principio de oportunidad no tenga que ser incompatible con esto.

    En otro orden de cosas, es conocido que el objetivo del Derecho penal es, desde el potencial disuasorio de las condenas, evitar que se cometan delitos. Evidentemente, este es un recurso valioso, pero no debe cerrarse la puerta a otros, como los que podría ofrecer un órgano fiscal con las atribuciones aquí demandadas. De esta manera, sería éste quien estimaría si conviene o no instar un procedimiento penal contra alguien que ha infringido la ley. En el pensamiento jurídico alumbrado bajo el principio de legalidad esto parece una estulticia, pero puede contribuir a disminuir el número de delitos. Aunque resulte paradójico, en ocasiones, imponer una sanción penal a todo aquel reo declarado culpable no se traduce necesariamente en un descenso de la criminalidad. Puesto que, en ocasiones, ésta no deja de ser un fenómeno social arraigado en un territorio con unas características concretas, las cuales posiblemente puedan modificarse mejor si se usan instrumentos más flexibles y con mayor capacidad de adaptación, como los ofrecidos por el principio de oportunidad. Por tanto, lo prioritario es cambiar estas características, porque en ellas es donde pueden habitar las causas de la criminalidad, la cual siempre termina encontrando nuevas personas a las que seducir.

    En todo caso, para que esto fuera posible este órgano fiscal debería ostentar, casi en exclusiva, esa capacidad antes mencionada de iniciar procedimientos penales. No obstante, esto equivaldría a más poder, lo que obligaría a tener en cuenta dos elementos. El primero es evitar que esto derive en una mayor concentración del poder, debido a lo cual la fiscalía y, por ende, los fiscales deberían ser independientes del Gobierno. El segundo de estos elementos, en cambio, es la cuestión de cómo legitimar ese aumento del poder. Al respecto, la fórmula más sencilla para ello obtener la mayoría en unos comicios. Sin embargo, ello no implicaría ningún mandato representativo, sino que se trataría de elegir a aquellos que se opine que lo vayan a hacer mejor, de igual modo que se hacía con los estrategos atenienses cuya designación no se hacía por sorteo, como otros cargos públicos de esta polis, sino mediante elección. Por consiguiente, la idea es conectar el modo en el que se administra la justicia con esos comicios, los cuales admitirían dos variantes principales. En la primera de ellas, el sufragio activo podría ser ejercido por los profesionales del mundo del derecho, mientras que en la segunda, tal y como se da en algunas designaciones de fiscales en Estados Unidos, cabría la posibilidad de aumentar dicho sufragio a la ciudadanía en general.

    En definitiva, ¿no podrían haber unos comicios para que la ciudadanía designara a los fiscales que presenten el mejor proyecto? En este sentido, se aunaría esa rendición de cuentas con criterios de utilidad, a la vez que permitiría a la ciudadanía implicarse más en el entramado jurídico-político de su país. Ahora bien, no se trataría de reproducir el mismo sistema de las elecciones a diputados que, afiliados a los partidos de turno, obedecen a estas organizaciones, las cuales compiten bajo unas condiciones que premian al que más recursos emplea. Aquí no deberían haber organizaciones con intereses particulares que prevalezcan sobre los generales, sino que una fiscalía verdaderamente autónoma, pero controlada igual que el resto de órganos, presentaría sus candidatos a fiscales en los distintos niveles territoriales. En conclusión, tendríamos fiscales preparados, independientes, con una legitimación renovada y con cierta autonomía para aplicar sus propias herramientas para combatir la criminalidad.

Juan C. Calomarde