El tribunal supremo y la Banca

1.- El 9 de mayo de 2013, la Sala Primera del Tribunal Supremo, publicaba una sentencia  novedad que rectificaba un criterio que se ha mantenido impoluto durante milenios: Cuando una cláusula de un contrato se declara nula  por un Tribunal, se tenía por no puesta, se borraban sus huellas y se destruían sus efectos. Una cláusula declarada nula, desde tiempos anteriores al divino Julio Cesar, obligaba a las partes a actuar como si nunca hubiera existido, restituyéndose recíprocamente los efectos que se desprendían de ella. Y esto ocurría millones de veces a lo largo de milenios en villas y urbes, porque así fue impuesto por jueces y tribunales de la Europa romanizada y de la América hispanizada. Ese mismo criterio es el que mantiene nuestro código Civil en su artículo 1303.

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¿Qué pudo empujar al Tribunal Supremo español para variar un criterio tan acendrado, tan impoluto, tan probado?

Se trata de la Sentencia relativa a las cláusulas suelo. El Tribunal Supremo, cambia el criterio milenario fundamentado en este razonamiento:

“Es notorio que la retroactividad de la sentencia generaría el riesgo de trastornos graves con trascendencia al orden público económico, al extremo que el Ministerio Fiscal, pese a recurrir la sentencia de apelación, se pronuncia en el sentido de que no procede reconocer efectos retroactivos a la decisión de nulidad de las cláusulas controvertidas

En otras palabras: El Ministerio Fiscal, (en defensa de los intereses de la banca) considera que si se declara la nulidad de las cláusulas suelo con todas sus consecuencias, los bancos se verían obligados a devolver todo el dinero que habían cobrado indebidamente, causándoles un detrimento patrimonial considerable y  esta circunstancia de “transcendencia al orden público económico”,  justifica enmendar la plana a cientos de miles de juristas que durante miles años han mantenido que la cláusula nula se ha de tener por no puesta.

Dicho de otro modo: El hecho de que los bancos cobren indebidamente miles de millones de euros a sus clientes, no constituye un riesgo de grave de transcendencia de orden público económico, pero si se les obliga a devolver lo indebidamente cobrado, entonces hay que interpretar el Código Civil en sentido contrario de su texto, corregir toda la jurisprudencia del Tribunal Supremo hasta esa fecha, y el criterio milenario de todos los juristas herederos del Derecho Romano.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, corrigió al Tribunal Supremo y le explicó pormenorizadamente, los efectos de una cláusula nula, en todas las  villas y urbes de la Unión Europea.

2.- El día 19 de octubre, el Presidente de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, ante la Sentencia de la Sección 2ª que obligaba a los bancos a pagar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados en los contratos de préstamo con garantía hipotecaria, ordenódejar sin efecto los señalamientos sobre recursos de casación pendientes con un objeto similar”, y cambiar al juez predeterminado por la ley en todos o en algunos de estos casos, anular las resoluciones que designan a los magistrados que han de juzgar el asunto e imponer el Pleno de la Sala Tercera, vulnerando el derecho del ciudadano al juez predeterminado por la ley.

 Durero, vieja con monedero

Durero, vieja con monedero

Dicho de otra manera:  Una sección compuesta por 6 magistrados del Tribunal Supremo, dicta una sentencia firme e irrevocable, y la presión de la banca impele al Presidente de la Sala Tercera a tomar las medidas oportunas para que esa sentencia sea un caso aislado, que no siente jurisprudencia, que no obligue a los bancos, únicos interesados en la formalización de la hipoteca,  a pagar los impuestos que se desprenden de su formalización, porque este hecho podría causar un trastorno grave de “transcendencia al orden público económico”. Algo que no ocurriría si lo pagan los ciudadanos, porque de todos es sabido que se los puede exprimir, empobrecer y esquilmar impunemente si así lo manda el Estado o la Banca.

Como conclusión: No existe interés público, ni protección jurídica del ciudadano contra las entidades bancarias. Los ciudadanos están obligados a pagar impuestos para rescatar a la banca si está en apuros. Los ciudadanos están obligados a renunciar a recuperar el capital invertido para el rescate. Los ciudadanos están obligados a renunciar a recuperar las cantidades indebidamente pagadas a los bancos. Los ciudadanos están obligados a soportar que el Tribunal Supremo maniobre para corregir el sentido de la sentencia sobre exacciones fiscales, de una Sala porque perjudica a la banca. Todo ello porque cualquier resolución que obligue a la banca a pagar lo que debe o a devolver lo que cobró indebidamente, constituye un trastorno grave de “transcendencia al orden público económico”.

Pues bien: Para evitar que el Tribunal Supremo pierda autoridad y haga el ridículo, es menester que el orden público económico de la nación española, esté debidamente defendido en el Alto Tribunal. Hay que rectificar el procedimiento de elección de los Presidentes de Sala del Tribunal Supremo, en favor de la seguridad jurídica y  en asuntos de transcendencia económica, deben ocupar estos cargos las siguientes Ilustrísimas y Excelentísimas personas:

Presidente de la Sala 1ª de lo Civil.- Excmo Sra. Ana Botín- Sanz de Sautuola O´Shea.   (Banco de Santander)

Presidente de la Sala 2º de lo Penal.- Excmo Sr. D. Carlos Torres Vila (BBVA)

Presidente de la Sala 3º de lo Contencioso Administrativo.- Excmo Sr. Isidre Fainé Casas. (Caixa)

Presidente de la Sala 4º de lo Social.- Exmo Sr. José Ignacio Goirigolzarri Tellaeche. (Bankia).